Oaxaca de Juárez, Oax.— En un acto que parece alejado del principio de austeridad republicana, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó la entrega de una compensación económica millonaria para sus consejeras y consejeros al término de su encargo, dejando de lado a su personal base y administrativo. Este acuerdo, promovido por la presidenta del instituto, Elizabeth Sánchez González, beneficia únicamente a los altos mandos, en un momento en el que Oaxaca enfrenta retos presupuestarios significativos.
El pasado 30 de octubre, mediante el acuerdo A-IEEPCO-JGE-12/2024 de la Junta General Ejecutiva, el IEEPCO estableció un mecanismo para garantizar millonarios pagos de finiquito a las consejerías que terminan su periodo, excluyendo a los trabajadores administrativos que han servido durante años a la institución con salarios considerablemente menores. Este acuerdo modifica el esquema de liquidación establecido en abril de 2017, en el cual los empleados de todos los niveles eran contemplados para compensaciones económicas.
Bajo el liderazgo de Sánchez González, el acuerdo fue estructurado con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, encabezada por Iliana Araceli Hernández, quien promovió la legalidad y administración del acuerdo a través del oficio IEEPCO/PCG/1887/2024, fechado el 28 de agosto de 2024. Dicho documento presentó formalmente el proyecto que permitía otorgar finiquitos exclusivamente a los consejeros y consejeras, cuyo salario mensual rebasa los 70 mil pesos.
Este acuerdo ha generado polémica entre la base trabajadora del instituto, ya que mientras la alta dirección se asegura pagos adicionales, muchos empleados del IEEPCO han enfrentado situaciones adversas como acoso laboral y despidos forzados, sin contar con la protección de una liquidación o finiquito justo. A pesar de contar con juicios laborales pendientes en favor de trabajadores que han tenido que abandonar la institución por presiones, el IEEPCO no incluyó en su presupuesto fondos para cubrir estos compromisos laborales, ni realizó una solicitud de ampliación presupuestal al Congreso del Estado.
A solo días de aprobar el presupuesto para 2025, el Consejo General del IEEPCO, presidido por Sánchez González, solicitó recursos cercanos a los 375 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, año en el que el instituto solo tendrá un rol auxiliar en las elecciones de municipios con sistemas normativos indígenas. De este monto, cerca de 15 millones de pesos fueron asignados al "fortalecimiento" de la unidad jurídica y de género, áreas estrechamente ligadas a la presidenta, y otros 5 millones para la atención de obligaciones de transparencia.
Este esquema de distribución ha levantado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, que, según el órgano interno de control del instituto, podrían estar siendo utilizados de manera ineficiente. Elizabeth Sánchez González enfrenta además observaciones por presunto mal uso de estos fondos, situación que permanece bajo controversia institucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la libertad y discrecionalidad que los órganos electorales locales ejercen sobre sus presupuestos.
La situación de 2024 recuerda a la de 2015, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló una resolución del Tribunal Electoral Local que otorgaba compensaciones a los consejeros. En este contexto, las recientes decisiones del IEEPCO resultan contradictorias, ya que asignan recursos para beneficios personales de altos funcionarios mientras se limita la protección laboral del resto del personal.
La medida ha sido criticada por diferentes sectores que señalan cómo el retiro millonario aprobado en el IEEPCO será financiado, en última instancia, con los impuestos de las y los oaxaqueños. Mientras tanto, las demandas de los empleados base, quienes sostienen el trabajo cotidiano del instituto, continúan ignoradas. Para estos trabajadores, quienes no perciben los mismos beneficios económicos que las consejerías, las decisiones de Sánchez González han generado un ambiente de incertidumbre y descontento, en un instituto donde la justicia laboral parece cada vez más lejana.