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Tehuantepec, Oaxaca – En un hecho que ha causado indignación en la opinión pública y ha puesto en entredicho la ética de algunos servidores públicos, Francisco Castillo, actual director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tehuantepec, fue detenido la noche del viernes por conducir en presunto estado de ebriedad una unidad oficial del municipio.
La detención se realizó durante un operativo del programa Alcoholímetro, implementado por la Policía Vial del Estado sobre la carretera transístmica, en el tramo que conecta a los municipios de Salina Cruz y Tehuantepec. De acuerdo con el reporte de los elementos de seguridad, Castillo manejaba una camioneta Nissan sin placas de circulación, propiedad del gobierno municipal, cuando fue interceptado para la revisión correspondiente.
Según testigos y fuentes cercanas a la corporación, el funcionario había salido a convivir con un grupo de amigos en un conocido establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, ubicado en la agencia municipal de Las Salinas del Marqués, específicamente en el negocio denominado “Lola”. Testigos aseguran que Castillo se encontraba visiblemente alcoholizado al abandonar el lugar.
Lo que pudo haber quedado como una infracción vial común tomó tintes de abuso de poder e influyentismo cuando el funcionario, al ser interceptado por los agentes, se negó a colaborar con el procedimiento, mostrando una actitud prepotente y desafiante. Testigos afirman que, en tono altanero, el director aseguró contar con el respaldo directo del gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, de la secretaria de Bienestar Tequio e Inclusión, Vilma Martínez Cortés, y del director de la Policía Vial Estatal, a quien se refirió únicamente como “Toribio”.
Además, según reportes extraoficiales, Francisco Castillo también mencionó tener el respaldo de la actual funcionaria de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Yesenia Nolasco Ramírez, advirtiendo que podía "cesar" a los elementos viales por atreverse a detenerlo. Esta actitud generó molestia entre los elementos de seguridad, quienes actuaban bajo el protocolo del operativo.
A pesar del evidente estado de ebriedad del funcionario y del uso indebido de un vehículo oficial para actividades personales y fuera del horario laboral, Francisco Castillo fue liberado poco tiempo después de la detención, sin mayor sanción que el aseguramiento de la unidad, la cual quedó bajo resguardo de la Policía Vial para su posterior entrega al Ayuntamiento de Tehuantepec.
Este hecho ha generado una fuerte ola de críticas en redes sociales y entre la ciudadanía tehuantepecana, que considera este acto como una muestra más del abuso de poder, el influyentismo y la falta de consecuencias que enfrentan algunos funcionarios públicos. La administración municipal, encabezada por la alcaldesa Ana Cecilia Pérez, no ha emitido hasta el momento ningún posicionamiento oficial respecto al incidente ni ha informado si habrá sanciones internas contra el director de Obras Públicas.
Organizaciones ciudadanas y actores políticos han exigido transparencia en el manejo de este caso, así como una postura firme del Ayuntamiento para evitar que estos comportamientos queden impunes. “No puede ser que un funcionario maneje alcoholizado, en una unidad oficial, y además se burle del sistema diciendo que tiene protección del gobernador. Esto no se puede tolerar”, expresó una representante de un colectivo ciudadano local.
Por su parte, ciudadanos en redes sociales han viralizado la noticia y exigen la destitución inmediata del funcionario, así como una investigación a fondo sobre el posible uso indebido de recursos públicos y responsabilidades administrativas. También han llamado a la alcaldesa a rendir cuentas y a demostrar que su administración no tolera actos de corrupción o privilegios.
En tanto, medios locales han intentado contactar al director Francisco Castillo para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha emitido declaración alguna.
Este episodio representa un nuevo desafío para el gobierno municipal de Tehuantepec, que deberá decidir si respalda a su funcionario o si actúa conforme a la ley y en favor de la confianza ciudadana. El caso también pone el reflector sobre la necesidad de aplicar medidas más estrictas para evitar que el poder público sea utilizado como escudo para evadir responsabilidades legales.