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La transparencia en la certificación del mezcal vuelve a estar en duda. Diversos productores artesanales han alzado la voz para denunciar irregularidades en el manejo de ingresos y egresos por parte de la Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), institución encargada de certificar la autenticidad de esta bebida ancestral.
De acuerdo con testimonios recogidos, Comercam estaría disfrazando sus estados financieros, ocultando el verdadero flujo de recursos derivados de las certificaciones. Esta falta de claridad ha generado molestia e incertidumbre entre los productores, quienes afirman que los cobros por certificar sus productos son desproporcionados y sin justificación documentada.
Una de las acusaciones más graves apunta directamente al gerente del Grupo Amores, quien —según las denuncias— cobra montos inflados sin contar con registros fidedignos de producción, lo que afecta a pequeños y medianos productores que sí cumplen con los procesos legales y técnicos. Esta práctica no solo distorsiona el mercado, sino que genera competencia desleal y pone en riesgo la confianza en la certificación del mezcal a nivel nacional e internacional.
Lo más preocupante, según los denunciantes, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no estaría al tanto de estas irregularidades, lo que podría implicar una grave omisión de responsabilidades fiscales y administrativas.
"Estamos frente a una estructura que opera con total discrecionalidad. Se juega con los números y se protege a ciertos grupos empresariales, mientras se deja en el abandono a quienes realmente preservan la tradición mezcalera", expresó un productor afectado que pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
Ante esta situación, productores mezcaleros exigen una auditoría independiente y profunda a Comercam, así como la intervención inmediata de la Secretaría de Hacienda para revisar el manejo de recursos y verificar si hay evasión de impuestos o malversación.
El mezcal no solo es una bebida, es cultura, tradición y sustento de miles de familias mexicanas. Por eso, la certificación debe ser un proceso transparente, justo y al servicio de quienes producen con responsabilidad y orgullo.
¿Hasta cuándo se permitirá este tipo de prácticas? ¿Habrá voluntad política para poner orden? La exigencia es clara: transparencia, justicia y equidad para todos los que forman parte de esta noble industria.