Oaxaca, México. En un caso que ha sacudido a la sociedad oaxaqueña, el sistema judicial del estado está bajo escrutinio luego de que familiares de un menor denunciaran lo que consideran un acto de abuso de poder y corrupción en la administración de justicia. En el centro de la controversia, se encuentra una acusación en contra de la Jueza Suzette Soto Pinacho y su pareja, el litigante Rodolfo Gandarillas, por presuntamente utilizar influencias judiciales para emprender una campaña de represalias que derivaron en el encarcelamiento del padre del menor.
Según el relato de los familiares, el conflicto tomó fuerza cuando el padre del menor, identificado con las iniciales J.C.S., logró que el Juzgado Primero Familiar escuchara el testimonio de su hijo, quien detalló supuestos abusos y maltratos sufridos bajo la custodia de su madre, la propia Jueza Soto Pinacho. Esta declaración desencadenó una serie de decisiones judiciales que favorecían al padre en relación con la custodia del menor, situación que, de acuerdo con los denunciantes, molestó profundamente a la Jueza Soto y su círculo.
A partir de ahí, y en lo que los denunciantes consideran una venganza planeada, se señala que la Jueza Suzette Soto, apoyada por su pareja y otros actores dentro del sistema judicial, comenzó una supuesta campaña de desprestigio y acoso en contra de J.C.S. Según familiares, el 26 de octubre, a través de un presunto acto de corrupción, la Jueza Soto habría entregado una suma considerable de dinero a Irma Alejandra Castellanos Lagunas, tía del menor, para involucrarla en una supuesta falsa acusación de delitos contra el padre.
Denuncias de Manipulación y Corrupción
Los familiares señalan que la pareja de la Jueza, Rodolfo Gandarillas, tiene una conocida reputación de tráfico de influencias, con la colaboración del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez. Estas prácticas, afirman los familiares, habrían sido fundamentales para lograr la detención de J.C.S. bajo cargos que, aseguran, son fabricados. Durante la detención, J.C.S. fue agredido físicamente en su hogar en San Bartolo Coyotepec, un inmueble que él mantenía y que presuntamente había sido abandonado por su tía, quien ahora es pieza clave en la acusación.
Los testigos señalan que la detención se llevó a cabo sin el debido proceso y que hubo uso de la fuerza en presencia de los hijos menores del acusado. Además, pese a las pruebas que cuestionan la validez de las acusaciones, el juez Sergio Eloy Cortés procedió con la imputación sin considerar las irregularidades señaladas por la defensa.
Reacción Social y Llamado a la Justicia
Familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos han lanzado un llamado a la sociedad para visibilizar el caso, argumentando que los abusos de poder y la corrupción judicial están comprometiendo la seguridad de una familia y, especialmente, el bienestar de los hijos de J.C.S. La sociedad, afirman, debe unirse para evitar que estos presuntos atropellos queden impunes, instando a una revisión independiente del caso por parte de organismos de derechos humanos y de justicia.
Este caso es un reflejo de las problemáticas que persisten en el sistema judicial oaxaqueño y el presunto uso de influencias para resolver vendettas personales. Las voces que respaldan al menor y a su padre buscan justicia y esperan que estos señalamientos generen una acción efectiva para frenar el abuso de poder y restaurar la confianza en las instituciones judiciales.
Conclusión: Un Pedido de Apoyo Colectivo
El caso de J.C.S. es un recordatorio de la importancia de una sociedad unida frente a las injusticias. Familias, amigos y defensores de derechos humanos hacen un llamado a la solidaridad y al apoyo de todos aquellos que alguna vez han sufrido abuso de poder, con la esperanza de que la visibilidad del caso contribuya a detener el presunto abuso judicial y traer justicia a una familia afectada