Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido mantener la Reforma Judicial en la Constitución, luego de que la votación en el Pleno no alcanzara la mayoría calificada de 8 votos necesarios para declarar su inconstitucionalidad. Con una votación de 7 a 4, las ministras y ministros afines a la coalición opositora PRIAN no lograron echar atrás la reforma, lo que significa que seguirá vigente en el marco constitucional mexicano.
Este miércoles, en una sesión marcada por el debate y las posturas divididas, el Pleno de la SCJN discutió la validez de la Reforma Judicial, una de las reformas más polémicas impulsadas en los últimos años en México. Aunque la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, intentó que la invalidación se lograra con solo 6 votos, su propuesta fue desechada por el Pleno de 11 ministros y ministras, quienes rechazaron cambiar el número requerido para anular una reforma constitucional.
Votación en el Pleno de la SCJN
La votación final quedó dividida en 7 votos a favor de declarar la inconstitucionalidad de la reforma y 4 en contra. Los ministros que se pronunciaron a favor de anularla fueron: Norma Piña Hernández, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos-Farjat, Javier Láynez, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara. Mientras tanto, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, y el ministro Alberto Pérez Dayán votaron en contra de invalidarla, defendiendo así la permanencia de los cambios en el Poder Judicial.
Esta decisión refleja la marcada división dentro de la Suprema Corte, donde algunos ministros han sido vinculados con la postura del PRIAN, al tratar de frenar reformas que consideran contrarias al estado de derecho. No obstante, esta vez los votos no fueron suficientes para alcanzar el mínimo de 8 que exige la ley para declarar inconstitucional una reforma de este tipo.
El papel de Norma Piña y la controversia sobre los votos necesarios
La ministra presidenta Norma Piña Hernández buscó ajustar el umbral de votos necesarios para invalidar la Reforma Judicial, argumentando que una mayoría simple de 6 sería suficiente en este caso específico. Sin embargo, la mayoría del Pleno rechazó esta propuesta, que fue percibida como un intento de “chicanada” para favorecer la postura de quienes querían revertir la reforma. Esto generó críticas, ya que, de haberse aprobado el cambio, habría establecido un precedente en la interpretación de las mayorías para anular reformas constitucionales.
“La Constitución establece claramente que se requieren 8 votos para invalidar una reforma de este tipo, y la propuesta de modificar este requisito no tiene sustento en la ley”, explicó uno de los ministros que votaron en contra de la propuesta de Piña, subrayando la importancia de respetar los procesos establecidos.
Implicaciones de la Reforma Judicial
La permanencia de la Reforma Judicial en la Constitución implica cambios significativos en el funcionamiento del Poder Judicial, aunque la Corte continúa polarizada en torno a su implementación. La reforma tiene como objetivo fortalecer aspectos clave del sistema judicial, como la transparencia, la eficiencia en el manejo de casos, y la reducción de prácticas burocráticas. Sin embargo, sus detractores argumentan que podría limitar la autonomía del Poder Judicial, al someter ciertas decisiones a la intervención del Ejecutivo.
Los ministros a favor de la reforma consideran que estos cambios son necesarios para mejorar el acceso a la justicia y la percepción pública del Poder Judicial, mientras que quienes votaron en contra señalaron que podría representar una vulnerabilidad para la independencia de la Corte.
La Reforma Judicial sigue en pie: impacto y críticas
Esta decisión mantiene vigente la Reforma Judicial, asegurando que los cambios propuestos permanezcan en el texto constitucional. Sin embargo, la votación refleja un alto nivel de inconformidad entre algunos de los ministros, lo que podría anticipar futuras controversias y nuevos intentos de modificar la estructura del Poder Judicial. Analistas políticos señalan que esta polarización podría tener un impacto duradero en la relación entre la SCJN y otros poderes de gobierno.
Para los ciudadanos, esta decisión significa que las modificaciones en el sistema judicial continuarán aplicándose, al menos en el corto plazo, aunque los debates y posibles ajustes seguirán siendo una constante en los próximos años.