La diputada Haydeé Reyes, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, presentó una iniciativa que busca incluir la educación financiera como un derecho constitucional en México. La propuesta contempla su incorporación en los programas educativos y su promoción en el entorno familiar, destacando su importancia como herramienta para combatir la pobreza, reducir las desigualdades y fortalecer el sistema financiero del país.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora destacó la relevancia de brindar a la ciudadanía las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras informadas, que contribuyan a evitar endeudamientos innecesarios y promuevan un desarrollo económico sostenible en todos los niveles.
“La educación financiera es clave para fortalecer el sistema financiero, reducir las desigualdades y combatir la pobreza. La ciudadanía tiene derecho a contar con herramientas que le permitan tomar buenas decisiones y así evitar endeudamientos innecesarios. Apostar por la educación financiera es invertir en un futuro más justo y equitativo para todas y todos”, afirmó Reyes.
Educación financiera y desarrollo sostenible
La iniciativa subraya que la educación financiera no solo representa un beneficio individual, sino también un eje transversal en las políticas públicas, alineado con la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de esta agenda, la educación financiera es vista como un medio eficaz para abatir la pobreza, reducir desigualdades y fomentar una sociedad más equitativa, informada y con mayores oportunidades.
La propuesta también enfatiza la necesidad de fortalecer la relación entre los sectores educativo y financiero para fomentar una cultura económica sólida desde edades tempranas. Según Reyes, la integración de la educación financiera en los programas escolares y su práctica en el entorno familiar son pasos fundamentales para construir una sociedad más empoderada y resiliente.
Beneficio colectivo
Reyes destacó que la falta de educación financiera es una de las principales causas de endeudamiento y precariedad económica en muchas familias mexicanas. Por ello, consideró urgente garantizar este derecho como una base para el bienestar colectivo y el desarrollo económico del país.
La propuesta también insta a los gobiernos estatales y municipales a implementar estrategias que fomenten la educación financiera en comunidades rurales y urbanas, priorizando a los sectores más vulnerables.
"Este derecho debe estar garantizado para todas y todos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y con mayor bienestar,” puntualizó la diputada.
La iniciativa se encuentra en proceso de análisis por las comisiones correspondientes del Congreso y ha generado expectativas positivas entre especialistas y sectores ciudadanos, quienes coinciden en la importancia de esta medida para el desarrollo integral del país.