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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 6 de abril de 2025. – La comunidad educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) se encuentra profundamente indignada tras las denuncias de acarreo de cientos de estudiantes a un evento nacional organizado por el gobierno federal, en lo que ha sido calificado como un grave abuso de autoridad, uso político de jóvenes y violación a los derechos humanos.
El detonante de esta situación fue la masiva movilización de estudiantes de al menos once planteles del COBAO a la denominada “Clase Nacional de Boxeo”, transmitida desde el Parque Primavera en la capital oaxaqueña, bajo la organización y auspicio del gobierno federal y estatal. Detrás del evento deportivo, sin embargo, se oculta un trasfondo político que ha encendido las alarmas entre padres de familia, docentes, activistas y ciudadanos preocupados por la integridad de la educación pública.
Acarreo institucionalizado: autobuses, amenazas y condicionamientos
De acuerdo con testimonios recabados, la Dirección General del COBAO, encabezada por Angélica García Pérez, giró instrucciones para que estudiantes de los planteles Güila, Tlacolula, Pueblo Nuevo, El Tule, Nazareno, Huitzo, San Pedro Mártir, San Bartolo Coyotepec, San Antonio de la Cal y Ejutla fueran trasladados de manera obligatoria al evento. El transporte se realizó a través de autobuses oficiales, y en varios casos, los propios planteles tuvieron que cubrir los gastos con recursos internos, ante la falta de apoyo económico institucional.
Más allá del desplazamiento forzado, lo que ha encendido la indignación generalizada es la forma en la que se vulneraron los derechos de los estudiantes. Muchos de ellos no recibieron agua ni alimentos, permaneciendo bajo el sol durante varias horas sin condiciones mínimas de bienestar. Algunos alumnos aseguran que se les ofrecieron calificaciones a cambio de asistir, mientras que a otros se les amenazó con no entregarles su carta de buena conducta o certificado de conclusión de estudios si se negaban a participar.
Estos mecanismos de presión se ejercieron particularmente sobre los alumnos de sexto semestre, quienes se encuentran en etapa de egreso y dependen de sus documentos escolares para continuar su trayectoria académica. Las amenazas, denunciaron varios jóvenes de manera anónima por temor a represalias, fueron emitidas directamente por personal administrativo y algunos docentes.
Padres y sociedad civil exigen rendición de cuentas
Los hechos han generado un profundo malestar entre padres de familia, quienes han expresado su rechazo al uso político de sus hijos. "No es justo que nuestros hijos sean tratados como mercancía política. Ellos van al COBAO a estudiar, no a participar en actos que sirven para llenar eventos y quedar bien con funcionarios", expresó una madre de familia del plantel Pueblo Nuevo.
Docentes y miembros de la sociedad civil también han alzado la voz, denunciando que este tipo de prácticas manchan la imagen de una institución educativa que por años ha formado generaciones con valores, disciplina y vocación de superación. “El COBAO no puede ni debe prestarse a intereses partidistas o al protagonismo de funcionarios que buscan agradar a superiores jerárquicos como la Secretaria de Educación Pública, Delfina Guzmán”, señalaron profesores inconformes.
Una estrategia política disfrazada de evento deportivo
Diversas voces han coincidido en que la movilización de estudiantes no fue un acto espontáneo o voluntario, sino una estrategia del gobierno federal para llenar el evento nacional, que tuvo cobertura mediática y proyección nacional. El objetivo, según denuncias, era mostrar una imagen de respaldo social ante la creciente desaprobación de algunas políticas federales en materia educativa y deportiva.
Al respecto, se cuestiona el papel de la directora general del COBAO, Angélica García Pérez, quien no ha emitido una postura oficial ni ha ofrecido una explicación pública ante las crecientes denuncias.
El uso de jóvenes para fines políticos, así como el desvío de recursos públicos y la coacción institucional, constituyen una grave violación a los principios de neutralidad educativa, ética pública y legalidad. Diversos organismos civiles y actores políticos ya solicitan una investigación seria y la imposición de sanciones ejemplares.
La educación no es botín político
El COBAO, como institución de educación media superior, debe garantizar un entorno de respeto, formación académica y desarrollo personal para sus estudiantes. Utilizar su estructura para fines ajenos a su misión formativa pone en riesgo no solo su prestigio, sino la integridad de miles de jóvenes que confían en la institución.
Las voces que se alzan desde las aulas, las familias y la ciudadanía coinciden en un clamor: la educación no debe ser usada como botín político ni como instrumento de propaganda.
Exigen que Angélica García Pérez, como máxima responsable del COBAO, dé la cara, rinda cuentas ante la opinión pública, se disculpe institucionalmente y, de ser necesario, se haga a un lado para evitar mayores daños a la credibilidad del sistema educativo estatal.