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San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca. — La controversia rodea al ciudadano Carlos Román Rojas Simón, quien ha iniciado actos de proselitismo político con la intención de convertirse en presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca, a pesar de contar con antecedentes de violencia familiar y estar vinculado a proceso por presuntos actos de agresión contra su esposa y abandono de sus hijos.
En un testimonio difundido por su esposa, la denunciante narra que el pasado 7 de marzo de 2025, fue desalojada del domicilio familiar —ubicado en el Barrio San Blas de dicho municipio— por el propio Rojas Simón, presuntamente con el apoyo de elementos de la Policía Estatal. En el acto, fue despojada de sus pertenencias, sin oportunidad siquiera de tomar ropa o documentos personales, y dejada en la calle junto a sus cuatro hijos menores de edad, entre ellos trillizos de cinco años y una niña de diez años.
La víctima señaló que en su momento recibió apoyo del Juzgado de Medidas de Protección, quien emitió la Orden de Protección número 13 a su favor, bajo la responsabilidad de la magistrada Berenice Ramírez. Sin embargo, denunció que hasta ahora las acciones legales no han sido suficientes para frenar los abusos del agresor.
Rojas Simón también promovió un juicio de guardia y custodia (expediente 132/2024) ante el Juzgado Segundo de lo Familiar, aunque —según su exesposa— ha evitado cumplir con sus obligaciones de pensión alimenticia. Además, se encuentra vinculado a proceso penal bajo la causa 246/2024, pero permanece en libertad.
"Dice ser intocable", señala la denunciante, preocupada ante la posibilidad de que una persona con tales antecedentes llegue a ocupar un cargo de poder y representación en su comunidad.
Este caso abre nuevamente el debate sobre los filtros éticos y legales que deben exigirse a quienes aspiran a un cargo público, especialmente cuando pesan sobre ellos acusaciones graves de violencia familiar y abandono parental.